Sin aspavientos, alharacas, demostraciones públicas ni grandes actos ante las cámaras, Emilio González Afonso ha hecho realidad lo que muchas personas de Verín venían reclamando desde hace tiempo. El escudo franquista que durante décadas ha permanecido en la fachada de la antigua aduana de Verín ha desaparecido de la vista... Por fin.
En su línea de humildad, el ya exsubdelegado del Gobierno de España, deja su cargo político cumpliendo el deber moral de toda la sociedad española de restaurar la memoria democrática para neutralizar el olvido de todo lo acontecido en los largos años de dictadura franquista en España.
La última decisión de González Afonso como subdelegado fue la de eliminar la horrenda visión del escudo franquista que ostentaba la fachada del edificio público; como una insultante decoración símbolo de uno de los episodios más trágicos de la historia de España y, también, de la villa del Támega. Los falangistas de Verín eran conocidos y temidos más allá del municipio; crearon terror ante la magnitud de los abusos, crueldades y matanzas que realizaron a lo largo de los años con total impunidad.
Simbología franquista en la comarca
Son varios, demasiados, los espacios públicos y privados de la comarca que mantienen menciones conmemorativas en exaltación de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes y participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que la sustentaron. Como si no pasara nada y, por supuesto, incumpliendo la Ley de Memoria Democrática.
Parques con nombres de alcaldes falangistas, edificios religiosos que mantienen las flechas de la Falange o un estadio de fútbol en honor a un "camisa vieja" que fue alcalde durante la dictadura franquista son solo algunos ejemplos. La ley considera estos elementos como contrarios a la memoria democrática, y obliga a las administraciones públicas a adoptar medidas para su retirada en edificios públicos. Cuando están ubicados en edificios de carácter privado o religioso proyectados a un espacio o uso público, son las personas e instituciones titulares o propietarias quienes deben retirarlos o eliminarlos.
